La nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión frenará el proceso de privatización que los gobiernos del PRIAN impusieron al servicio que se oferta a los mexicanos y que lejos de abaratar las tarifas de luz, las encarecieron en más de 21.4 por ciento de 2012 a 2018, sentenció el diputado federal Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro.
El legislador, dijo que en el caso de Tabasco, partir de este año cuenta con la tarifa 1F homologada para todo el año, esto es, la más baja del sistema eléctrico nacional, la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuirá a que los costos de la luz sigan disminuyendo aún más en beneficio de los usuarios domésticos, con una tendencia que al mismo tiempo favorecerá a la industria y el comercio.
Publican en el Diario Oficial de la Federación cambios normativos a Ley de la Industria Eléctrica aprobada en Congreso de la Unión; revertirá inequidad impuesta por Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, con el objeto de favorecer a privados y desmantelar a CFE.
El presidente de la Comisión de Energía
Rodríguez González, afirmó que los cambios normativos –que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación– devuelven al Estado mexicano la función de regular el mercado eléctrico nacional para acabar con distorsiones y privilegios, y regresan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la ruta de garantizar el suministro eléctrico de manera confiable, continua y segura, pero como un asunto de seguridad energética y seguridad nacional.
Advirtió que cuando el Estado carece de mecanismos eficaces de regulación y es capturado por intereses empresariales o de consumidores, se hace a un lado el interés general, como ocurrió con las condiciones impuestas por la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
Manuel Rodríguez, ventiló que la mal llamada Reforma Energética provocó una sobre oferta de permisos para los privados, e impuso el lucro sobre la planeación para satisfacer las necesidades reales del país.
Reveló que mientras un selecto segmento empresarial vio en el Sistema Eléctrico Nacional un negocio que le permitió allegarse subsidios gubernamentales por más 471 mil 606 millones de pesos en los últimos tres años, el Estado carecía de mecanismos eficaces de regulación.
‘HAY SOBRE OFERTA DE LUZ EN ZONAS DONDE NO SE REQUIERE’
«Al ser capturado por intereses empresariales o de consumidores, se hizo a un lado el interés general», enfatizó, y señaló que consecuencia, hoy día existe en México una sobre oferta disponible de 86 mil 34 megavatios (MW), ante una demanda máxima histórica de 47 mil MW, provocando un desbalance de generación.
‘Reforma Eléctrica del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ayudará a bajar tarifas de luz para la industria y el comercio’
Diputado Manuel Rodríguez González
El resultado es que ‘mientras en las penínsulas de Baja California y Yucatán se carece de infraestructura eléctrica, hay una sobre oferta de plantas eólicas en entidades como Nuevo León y Tamaulipas, y de plantas solares en Sinaloa y Sonora’, refirió el representante popular de la Nación.
Rodríguez González apuntó que estas tecnologías intermitentes hacen necesario el respaldo de otras zonas y requieren de inversiones en la red para tolerar su interconexión, pero todo a cuenta de la CFE y el consumidor final. A partir de la reforma eléctrica esto ya no será así, acentuó.
En entrevista, alertó que de no detenerse el curso de las actuales circunstancias, entre 2016 y 2030 se tenía contemplado reducir la capacidad de generación de la CFE en 15 mil MW, bajo el pretexto de obsolescencia y baja productividad, para condenarla solamente a la transmisión y distribución, mientras los privados acapararían y monopolizarían la generación.
En eso radica la importancia de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al devolverle al Estado mexicano sus facultades rectoras del sector, para contrarrestar los criterios de exenciones y privilegio en el mercado eléctrico nacional, haciendo imperar el interés general, para que con equidad y piso parejo los actores públicos y privados tengan que colaborar de manera recíproca para garantizar tarifas bajas a los consumidores, puntualizó.